La amnistía urbanística del PP enciende las alarmas del GOB y la oposición

La amnistía urbanística que aprobará el Govern de Marga Prohens ha encendido todas las alarmas tanto del GOB como de los partidos de la oposición, que ayer cargaron directamente contra el Ejecutivo autonómico por esta cuestión y reclamaron a la presidenta que desista de su aprobación. «Consideramos que si la infracción ha prescrito no podemos mirar hacia otro lado y ofrecemos una salida», explicó el vicepresidente, Antoni Costa, este lunes en la presentación del decreto, que permitirá externalizar la concesión de licencias a entidades homologadas para agilizar los trámites.

La entidad ecologista denuncia la intención del PP de facilitar una «nueva ola inversora, de impulso de la construcción y la especulación» en las islas en un contexto «agravado de crisis ecológica y climática global con graves impactos locales que no son tenidos en absoluto en cuenta» por parte del Govern. 

También alertan de los efectos que puede tener el decreto porque supondrá «un retroceso» en participación, sobre todo en el debate actual acerca de la necesidad de implementar límites a la destrucción del territorio y los recursos, vinculado también a «la necesidad de impulsar un cambio del actual modelo económico basado en el turismo, la construcción y el negocio especulativo-inmobiliario sin límites». 

Sobre el texto legal, que afectará a más de 50 leyes y decretos con una anunciada derogación masiva de instrucciones y órdenes, el GOB considera que la normativa que sacará adelante el Govern supondrá «un retroceso que nos puede abocar a un punto de no retorno».

«Esto se enmarca en un ejercicio sin precedentes de aplicación de políticas neoliberales a respuesta de constructores y, sobre todo, promotores inmobiliarios, que exigen celeridad para que el Govern abra las puertas a la liberalización, la desregulación, la pérdida de derechos colectivos. Todo esto vía decreto ley, con una ausencia total de debate y participación pública y de transparencia, y la consecuente pérdida de calidad democrática», alertan.

En cuanto a la legalización de ilegalidades en suelo rústico, detallan que los principales efectos serán las «ganancias especulativas» para los infractores y los operadores del mercado inmobiliario frente a quienes respetan la ley, ya que la legalización aumenta considerablemente el valor de mercado de la vivienda porque podrán vender la finca con mayor facilidad ya un precio mayor y podrá realizar reformas, mejoras y ampliaciones.

«Legalizar los chalés en el suelo rústico los revaloriza en el mercado inmobiliario especulativo. Los chalés ilegales, una vez legalizados, podrán escriturarse, venderse y aumentar su valor como activos financieros para salvar a los bancos ya los especuladores. Además de la legalización en suelo rústico con el fin de alquiler turístico, que implicaría un incremento de la presión de los usos turísticos en el suelo rústico», añaden.

La consellera de Vivienda, Marta Vidal, defendió el cierre de la Comisión de Medio Ambiente: «Queremos eliminar toda injerencia política, se darán todas las garantías porque quien dirá si un proyecto cumple o no los criterios ambientales serán los técnicos y no los políticos». La titular de Territorio afirma que hasta ahora los ciudadanos no tenían «ningún tipo de certeza» sobre lo que iba a pasar con sus proyectos: «Nuestra responsabilidad como políticos es elaborar normativa clara y segura para que los técnicos puedan aplicarla con tranquilidad. Buscamos seguridad jurídica y agilidad en la tramitación». 

El diputado de Més Ferran Rosa cuestiona la defensa de la consellera: «¿Agilizar trámites para hacer qué? Porque media Mallorca ya está destruida, sin agua, completamente saturada de turismo. ¿Dónde más quieren construir? ¿Quieren acabar con la poca costa virgen que queda? ¿Quieren acabar de llenar el suelo rústico?».

Por su parte la diputada del PSIB Pilar Costa pide «si en el decreto ley de depredación administrativa quedarán amnistiadas las tramas de Campos y Andratx» y critica que «todos los caminos de este Govern nos llevan a las etapas más oscuras de estas islas con Jaume Matas al frente».