El plazo de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para que Israel aporte los 12 millones de euros de garantía para los gastos de producción de la próxima edición de Eurovisión finaliza hoy, sin que por el momento haya acabado la disputa interna que impide hacerle frente.

Se trata de una prórroga que la UER concedió a las autoridades israelíes tras expirar el plazo del 1 de agosto sin que en el país se hubiera resuelto quién debe hacer frente a los costes de la celebración del concurso musical, que amenaza con que se pierda la posibilidad de ser el anfitrión.

Disputas

El ministro de Finanzas de Israel, Moshe Kahlon, advirtió ayer que la celebración de Eurovisión en el país podría suspenderse si no se soluciona la disputa entre el Gobierno y el ente de radiodifusión, la Corporación de Radiodifusión Pública (IPBC, también llamada Kan).

Esta asegura que no puede hacer frente a los costes de producción del concurso sin tener que despedir a 200 empleados o cancelar producción propia, y pide al Tesoro que se haga cargo de los gastos.

El Gobierno, sin embargo, cree que el dinero tiene que salir de los cerca de 180 millones de euros de presupuesto anual con los que cuenta la corporación que, según Kahlon, "tiene capacidad para transferir la suma en un minuto".

"En todo momento IPBC ha dicho que no puede hacer frente al coste de producción. Si el Gobierno decide financiarlo, Eurovisión se celebrará en Israel", respondió Kan en un comunicado.

Este último problema se suma a una serie de disputas sobre el evento desde que Neta Barzilai se hizo con el triunfo en Lisboa en mayo pasado, dando a su país el derecho a celebrar la próxima edición.

El primero, fue la insistencia del Gobierno de celebrarlo en Jerusalén, una ciudad que Israel considera su capital pero que no es reconocida como tal por la comunidad internacional y cuya parte oriental está ocupada a los palestinos desde 1967.

Acecha también el probable rechazo de los ultrarreligiosos judíos, contrarios a la realización de trabajos en Shabat.

Además es un obstáculo la situación jurídica de Kan, tras la aprobación de la ley que la divide en dos canales, uno dedicado solo a las noticias y otro al entretenimiento, lo que obligaría a su salida de la UER y a tramitar su readmisión.